Desde Vanguardia MX condenamos enérgicamente la detención abusiva y arbitraria de la cual fue objeto, este viernes 9 de enero, el director General de este medio, Armando Castilla Galindo, la cual se registró en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, cuando él se disponía a abordar un vuelo doméstico con fines vacacionales.
Lo sucedido no puede ni debe entenderse como un hecho aislado. Se trata de un acto desproporcionado, injustificado y profundamente preocupante, que exhibe un uso indebido del aparato de procuración de justicia y un preocupante sesgo en la aplicación de la ley.
La detención de Armando Castilla Galindo deriva, hasta donde sabemos -porque los abogados de la empresa no han logrado tener acceso a la carpeta de investigación- de una controversia de carácter mercantil, relacionada con un bien inmueble ubicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Este bien, propiedad de la familia Castilla Galindo, forma parte de un proceso civil en el que dicho predio está dado en garantía, pero no se encuentra embargado ni sujeto a litigio alguno.
En ese contexto, se firmó un contrato de arrendamiento para la instalación de un anuncio espectacular sobre una porción del predio, equivalente a 45 metros cuadrados. A partir de este acto —plenamente documentable y realizado en el marco de la ley— se construyó de manera artificiosa un caso penal por un supuesto fraude, cuyo único propósito es desprestigiar la imagen pública de nuestro Director General y de su familia.
El delito que se pretende imputar no es considerado grave y no amerita prisión preventiva oficiosa según las leyes mexicanas, por lo que cualquier intento de mantenerlo privado de la libertad constituye un abuso de poder y una violación a los principios básicos del debido proceso.
Advertimos con profunda preocupación que este caso sienta un precedente alarmante: la utilización del sistema penal para dirimir disputas mercantiles y dañar la reputación de directivos de medios de comunicación y, en última instancia, silenciar a la prensa incómoda al poder.
Este tipo de prácticas no solo vulnera derechos individuales, sino que atenta contra la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho de la sociedad a estar informada.
Exigimos que las autoridades actúen con legalidad, proporcionalidad y apego irrestricto al debido proceso, y que este caso sea tratado en el ámbito que corresponde: el mercantil, no el penal.
La justicia, reiteramos, no puede ser un instrumento de presión ni de venganza a conveniencia.
A T E N T A M E N T E
Grupo Editorial Vanguardia
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